El fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, ha evitado este miércoles exonerar a Donald Trump del delito de obstrucción a la justicia y ha recalcado que acusar al republicano "no era una opción" que se pudiera plantear debido a la doctrina jurídica estadounidense, según la cual no se puede imputar a un presidente en el cargo. En su primera declaración pública, tras casi dos años de investigación de este explosivo caso, Mueller señaló que la vía para procesar a un presidente en activo pasa por el Congreso y calentó el debate demócrata sobre si hay base para proceder a la destitución de Trump.
La llamada trama rusa aborda la injerencia electoral de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016, así como la posible conchabanza entre el entorno del entonces candidato y el Kremlin en una estratagema que tenía como objetivo favorecer la victoria del republicano frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. Mueller, un reputado jurista de 74 años, asumió el caso en mayo de 2017 por decisión del entonces fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, como una forma de blindar la independencia de la investigación después de que Trump despidiera al jefe del FBI James Comey. El cese de Comey había abonado las sospechas contra el presidente por un posible delito de obstrucción a la justicia, asunto que también fue investigado por Mueller y su equipo.
Después de más de 20 meses de pesquisas, el informe final de Mueller, hecho público el pasado abril, confirmó una operación de interferencia electoral a gran escala por parte de Rusia, como ha resaltado el fiscal al principio y al final de su intervención de este miércoles. La investigación no halló pruebas suficientes de que ningún ciudadano estadounidense o colaborador de la campaña del republicano conspirara con Moscú, pero la conclusión sobre el presunto cargo de obstrucción resultó mucho más ambigua, ya que no realizó acusación, pero tampoco exculpó al presidente: se limitó a describir una decena de episodios que involucraban al mandatario y que podían convertirse en material de acusación y dejó la decisión en manos del Departamento de Justicia.
"Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió delito, lo habríamos dicho. Sin embargo, no determinamos si el presidente lo cometió”, ha señalado Mueller en una comparecencia de poco más de nueve minutos, anunciada con hora y media de antelación, en la que no aceptó preguntas. Ha recordado que el informe ya habla de esa limitación jurídica. “Un presidente no puede ser imputado de un delito federal mientras está en el cargo. Es inconstitucional. Incluso si los delitos están ocultos ante la opinión pública está prohibido. La oficina del fiscal especial es parte del Departamento de Justicia y su regulación estaba limitada por esa política. Acusar al presidente de un delito no era, por tanto, una opción que pudiésemos considerar”, explicó.
Es entonces cuando, sin citarlo, Mueller ha señalado la vía del impeachment: “La Constitución requiere un proceso distinto del sistema de justicia penal para acusar a un presidente en activo de una mala acción", ha afirmado, y ha añadido que se habían guiado también por un principio de justicia, ya que, en su opinión, "sería injusto acusar a alguien de un delito cuando ningún tribunal puede resolverlo". En 1998, sin embargo, con el caso de Bill Clinton, el fiscal Kenneth Starr sí presentó 11 cargos de perjurio, obstrucción a la justicia y abuso de poder que sirvieron de base para abrir el proceso de destitución del demócrata.
Las palabras de Mueller contradicen lo expuesto previamente por el fiscal especial de Estados Unidos, William Barr, quien sostuvo ante la prensa que la doctrina sobre la inimputabilidad de un presidente no había tenido influencia en la decisión del fiscal especial de no plantear acusación. También marcan su distancia de Barr, quien sí ha considerado explícitamente a Trump inocente de obstrucción.
La comparecencia ha encendido las voces del partido demócrata que reclaman un proceso de impeachment contra Trump, como los precandidatos Kamala Harris, Elizabeth Warren o Cory Booker. En su cuenta de Twitter, Trump defendió su inocencia. "Nada cambia del informe Mueller -escribió-. No hubo suficientes pruebas y, por tanto, una persona es inocente. ¡Caso cerrado! Gracias".
Los detalles sobre la investigación se conocieron el pasado mes de abril con la publicación del informe, un documento de 400 páginas en el que apenas se censuró un 12% de su contenido (por motivos de seguridad, privacidad o investigaciones en marcha). Pero lo primero que los estadounidenses conocieron de las conclusiones de esta investigación histórica fue la carta resumen de cuatro folios de Barr, a finales de marzo. Esta misiva molestó a Mueller, según la queja que este transmitió por escrito.
Este miércoles ha tenido ocasión de hablar directamente al público, pero ha advertido de que no lo seguirá haciendo y que cualquier comparecencia en el Congreso no servirá para ir más allá de lo que recoge su informe. El fiscal especial anunció su marcha del Departamento de Justicia, en tanto que su labor había terminado y lanzó una advertencia sobre la cuestión que subyace a toda esta crisis: los intentos de interferencia electoral por parte de Rusia. "Esa acusación merece la atención de todos los estadounidenses".
El fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, ha evitado este miércoles exonerar a Donald Trump del delito de obstrucción a la justicia y ha recalcado que acusar al republicano "no era una opción" que se pudiera plantear debido a la doctrina jurídica estadounidense, según la cual no se puede imputar a un presidente en el cargo. En su primera declaración pública, tras casi dos años de investigación de este explosivo caso, Mueller señaló que la vía para procesar a un presidente en activo pasa por el Congreso y calentó el debate demócrata sobre si hay base para proceder a la destitución de Trump.
La llamada trama rusa aborda la injerencia electoral de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016, así como la posible conchabanza entre el entorno del entonces candidato y el Kremlin en una estratagema que tenía como objetivo favorecer la victoria del republicano frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. Mueller, un reputado jurista de 74 años, asumió el caso en mayo de 2017 por decisión del entonces fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, como una forma de blindar la independencia de la investigación después de que Trump despidiera al jefe del FBI James Comey. El cese de Comey había abonado las sospechas contra el presidente por un posible delito de obstrucción a la justicia, asunto que también fue investigado por Mueller y su equipo.
Después de más de 20 meses de pesquisas, el informe final de Mueller, hecho público el pasado abril, confirmó una operación de interferencia electoral a gran escala por parte de Rusia, como ha resaltado el fiscal al principio y al final de su intervención de este miércoles. La investigación no halló pruebas suficientes de que ningún ciudadano estadounidense o colaborador de la campaña del republicano conspirara con Moscú, pero la conclusión sobre el presunto cargo de obstrucción resultó mucho más ambigua, ya que no realizó acusación, pero tampoco exculpó al presidente: se limitó a describir una decena de episodios que involucraban al mandatario y que podían convertirse en material de acusación y dejó la decisión en manos del Departamento de Justicia.
"Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió delito, lo habríamos dicho. Sin embargo, no determinamos si el presidente lo cometió”, ha señalado Mueller en una comparecencia de poco más de nueve minutos, anunciada con hora y media de antelación, en la que no aceptó preguntas. Ha recordado que el informe ya habla de esa limitación jurídica. “Un presidente no puede ser imputado de un delito federal mientras está en el cargo. Es inconstitucional. Incluso si los delitos están ocultos ante la opinión pública está prohibido. La oficina del fiscal especial es parte del Departamento de Justicia y su regulación estaba limitada por esa política. Acusar al presidente de un delito no era, por tanto, una opción que pudiésemos considerar”, explicó.
Es entonces cuando, sin citarlo, Mueller ha señalado la vía del impeachment: “La Constitución requiere un proceso distinto del sistema de justicia penal para acusar a un presidente en activo de una mala acción", ha afirmado, y ha añadido que se habían guiado también por un principio de justicia, ya que, en su opinión, "sería injusto acusar a alguien de un delito cuando ningún tribunal puede resolverlo". En 1998, sin embargo, con el caso de Bill Clinton, el fiscal Kenneth Starr sí presentó 11 cargos de perjurio, obstrucción a la justicia y abuso de poder que sirvieron de base para abrir el proceso de destitución del demócrata.
Las palabras de Mueller contradicen lo expuesto previamente por el fiscal especial de Estados Unidos, William Barr, quien sostuvo ante la prensa que la doctrina sobre la inimputabilidad de un presidente no había tenido influencia en la decisión del fiscal especial de no plantear acusación. También marcan su distancia de Barr, quien sí ha considerado explícitamente a Trump inocente de obstrucción.
La comparecencia ha encendido las voces del partido demócrata que reclaman un proceso de impeachment contra Trump, como los precandidatos Kamala Harris, Elizabeth Warren o Cory Booker. En su cuenta de Twitter, Trump defendió su inocencia. "Nada cambia del informe Mueller -escribió-. No hubo suficientes pruebas y, por tanto, una persona es inocente. ¡Caso cerrado! Gracias".
Los detalles sobre la investigación se conocieron el pasado mes de abril con la publicación del informe, un documento de 400 páginas en el que apenas se censuró un 12% de su contenido (por motivos de seguridad, privacidad o investigaciones en marcha). Pero lo primero que los estadounidenses conocieron de las conclusiones de esta investigación histórica fue la carta resumen de cuatro folios de Barr, a finales de marzo. Esta misiva molestó a Mueller, según la queja que este transmitió por escrito.
Este miércoles ha tenido ocasión de hablar directamente al público, pero ha advertido de que no lo seguirá haciendo y que cualquier comparecencia en el Congreso no servirá para ir más allá de lo que recoge su informe. El fiscal especial anunció su marcha del Departamento de Justicia, en tanto que su labor había terminado y lanzó una advertencia sobre la cuestión que subyace a toda esta crisis: los intentos de interferencia electoral por parte de Rusia. "Esa acusación merece la atención de todos los estadounidenses".
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